El Gobierno busca eliminar el precio único del libro y el sector editorial entra en alerta

En un anteproyecto ómnibus de desregulación enviado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, con el objetivo de enviarlo al Congreso próximamente, se propone derogar el precio uniforme de venta al público (PVP) del libro, establecido por la ley 25.542. Esta medida busca eliminar restricciones, fomentar la libre competencia y reducir la intervención estatal en diversos mercados.

El ambicioso proyecto, que abarca desde el negocio inmobiliario hasta el régimen de gas licuado, incluye en su título III el régimen del libro y el doblaje, lo que generó reacciones inmediatas en el sector editorial.

La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro emitieron comunicados advirtiendo sobre los riesgos que implicaría eliminar la ley que protege la actividad librera. La Fundación El Libro, organizadora de la Feria del Libro, afirmó que esta normativa no es simplemente un mecanismo comercial, sino la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en todo el país. Además, destacó que dicha ley cuenta con el consenso unánime del sector editorial –editores, libreros, distribuidores, autores y gráficos– que la han sostenido durante más de dos décadas.

Desde el ministerio, se sostiene que el proyecto busca hacer que los libros sean más accesibles para los lectores, eliminando una restricción que actualmente impide a las librerías competir en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Según el gobierno, mayor competencia genera más opciones y mejores precios para los consumidores, respaldando esta postura con la experiencia internacional. Citan el caso del Reino Unido, que tras eliminar en 1995 el precio único del libro, no solo mantuvo sus librerías y producción editorial, sino que aumentó la cantidad de títulos publicados. Además, aseguran que no existe evidencia en el mundo que justifique la necesidad del precio fijo para preservar la diversidad bibliográfica.

El anteproyecto aclara que no busca eliminar editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales, sino suprimir la prohibición para competir en precios. El objetivo es ampliar el acceso a los libros, permitiendo que cada librería pueda competir con las herramientas comerciales que considere convenientes.

Por su parte, la Fundación El Libro sostiene que las librerías son un patrimonio cultural fundamental para Argentina. Su red, reconocida a nivel internacional por su densidad, riqueza e historia, no representa meros puntos de venta, sino espacios de encuentro democrático y promoción de la lectura, cuyo valor social e histórico trasciende meras lógicas de mercado. Las entidades del sector advierten que la desregulación no aumentaría la competitividad, sino que desprotegería a los eslabones más vulnerables de la cadena –librerías independientes, editoriales pequeñas y medianas, autores–, favoreciendo la concentración y poniendo en riesgo el cierre de cientos de espacios culturales.

La ley 25.542 fue aprobada con consenso del ecosistema del libro y, a 25 años de su vigencia, el sector se cuestiona la conveniencia de modificaciones que alteren una norma que ha protegido las librerías, especialmente las de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, señalan que es necesario debatir cómo actualizar la ley para incluir las plataformas de venta online –como Mercado Libre o Buscalibre– y nuevos formatos de libros que actualmente no pasan por librerías. Hoy, muchos lectores adquieren novedades sin pisar una librería, incluso versiones usadas a precios inferiores.

La Fundación El Libro concluye que defender a las librerías es defender la historia, el pensamiento crítico y el futuro cultural del país, y se declara en estado de alerta.

El ministro Sturzenegger adopta una postura audaz, proponiendo inicialmente la desregulación para luego ajustar su posición en función de las reacciones. Algunos sectoristas creen que liberar el precio único generaría más ofertas y promociones, beneficiando a los consumidores. No obstante, advierten que en un contexto económico y financiero inestable, el libro no es solo cuestión de precio, sino también de costos de producción en moneda corriente y dólares. No hay garantías de que una desregulación radical no provoque un colapso si algún factor clave falla.

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, indicó a Clarín que, si se deja de lado la derogación y se abre una conversación honesta sobre la modernización de la ley, surgirían varios ejes para trabajar en conjunto con el gobierno. Por ejemplo, se plantea la posibilidad de algún esquema reglado de descuentos en fechas especiales (Día del Padre, del Niño, Navidad) para que el sector pueda competir en esas ocasiones en las que el libro enfrenta otros productos de regalo.

Otro tema a abordar, según Rainone, es definir con claridad cuándo un libro se considera descatalogado. Actualmente existe una zona gris que afecta la comercialización. También hay consenso en la necesidad de actualizar las normas para contemplar la venta online, las plataformas digitales y el libro electrónico, que al momento de la sanción de la ley en 2001 eran marginales o inexistentes. Por último, enfatizó que la librería independiente no compite en precio, sino en curaduría, comunidad, asesoramiento y experiencia presencial, por lo que una guerra de descuentos perjudicaría claramente a estos establecimientos.

Juan Manuel Pampín, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Argentina del Libro y propietario de la Editorial Corregidor, expresó que el precio uniforme del libro ha generado un ecosistema editorial virtuoso. Si bien reconoció la existencia de nuevas formas de comercialización, consideró que la ley vigente sigue siendo la mejor posible. Advirtió que plataformas como Mercado Libre y Buscalibre, aunque no contempladas en la ley