Con retoques, el oficialismo quiere volver a la carga con el proyecto para agravar penas por falsas denuncias

Con modificaciones en el texto, el oficialismo del Senado busca aprobar en la sesión del próximo 6 de agosto el proyecto para agravar las penas por denuncias falsas, impulsado por la senadora radical Carolina Losada.

El texto, dictaminado en abril por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, no contaba con votos asegurados para su aprobación en el recinto, ya que algunos legisladores de la propia UCR se oponían a la iniciativa de su colega.

La principal crítica se centraba en que el proyecto incorporaba como agravantes las denuncias relacionadas con violencia de género, delitos contra menores de edad o contra la integridad sexual. Organizaciones de género advirtieron que la propuesta desincentivaría a las mujeres a denunciar situaciones de violencia contra ellas o sus hijos.

Actualmente, la figura de falsa denuncia está contemplada en el Código Penal y prevé penas de prisión de dos meses a un año, o multas de 750 a 12.500 pesos para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad. El proyecto original proponía elevar la pena de prisión de uno a tres años y, cuando la falsa denuncia se efectuara en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores o contra la integridad sexual, la pena aumentaría de tres a seis años.

La nueva versión del texto presenta una redacción más general, mantiene la pena básica de uno a tres años, pero añade una multa obligatoria equivalente a 75 salarios mínimos.

Como agravante, establece en primer lugar los delitos dolosos graves y aquellos en los que las víctimas sean menores de edad o personas vulnerables, con penas de dos a cinco años de prisión. Además, la pena se eleva si la falsa denuncia provocara una detención o restricciones judiciales: “Si la falsa denuncia hubiese resultado en la detención de la persona ofendida, o si hubiere implicado la restricción judicial de derechos de carácter patrimonial o familiar como consecuencia de ello, la pena será de tres a seis años de prisión”, señala el nuevo texto.

En cuanto al falso testimonio, el Código Penal actualmente establece penas de uno a cuatro años de prisión, y de uno a diez años cuando se comete en una causa penal en perjuicio del imputado. El proyecto dictaminado por Losada proponía aumentar la pena general a uno a cuatro años, y de dos a ocho años en casos penales, con un incremento de un tercio si el falso testimonio ocurría en causas por violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual.

La versión actual mantiene la elevación general a uno a cuatro años y de dos a ocho años en causas penales. Además, agrega que en casos criminales por delitos dolosos graves, cuando las víctimas sean menores o personas vulnerables, o si la situación derivó en la detención del imputado, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión.

Respecto a los cambios, Losada afirmó: “Los ajustes se realizaron para mejorar integralmente el proyecto, tanto en su parte técnica como para crear una escala más precisa en las penas. Por primera vez quedan como agravantes bien especificados la afectación patrimonial, la ruptura de vínculos y la privación de la libertad como consecuencia de una falsa denuncia demostrada como intencional”.

Por su parte, organizaciones de género, que ya habían manifestado su rechazo al proyecto original, están analizando el nuevo borrador y anticipan que mantienen su oposición, advirtiendo que las modificaciones podrían derivar en una aplicación más arbitraria de la ley.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) señalaron que el texto incorpora conceptos ambiguos como “delitos dolosos graves” o “personas vulnerables”, términos no especificados que representan un riesgo por la imprecisión en la redacción.