El despido de un histórico funcionario K, un caso que complica la estrategia de Cristina para volver

El plan de Cristina Kirchner para intentar volver a ser candidata, a pesar de estar condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, enfrenta una difícil contienda jurídica ante el Poder Judicial argentino.

El recurso presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU busca, principalmente, sostener ante su militancia la posibilidad de regresar a la política o de mantener influencia en la interna del PJ, a pesar de la prisión. Se trata de estrategias legales válidas que, sin embargo, podrían encontrar obstáculos no solo en el ámbito internacional. Un caso similar complica la situación: el de uno de sus históricos funcionarios, el ex titular de la AFIP y hoy empleado de ARCA, Ricardo Echegaray.

Echegaray presentó un amparo ante el fuero contencioso administrativo (juzgado 8, subrogado por el juez Edgardo Walter Lara Correa) para impedir su despido como empleado del Estado Nacional. Fuentes judiciales descartaron que la vinculación pasada de Lara Correa con el peronismo kirchnerista influya en su decisión, enfatizando que «es un juez».

A pesar del cambio de gobierno, Echegaray continuaba trabajando en la Aduana en calidad de empleado permanente, puesto que ostenta desde hace décadas. Las actuales autoridades de ARCA, encabezadas por Andrés Vázquez —quien en su momento fue subordinado de Echegaray— le comunicaron su exoneración, motivada en que fue condenado por delitos de corrupción y sancionado con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, igual que Cristina Kirchner.

Desde la condena dictada en diciembre de 2021 por un tribunal oral federal, Echegaray siguió cumpliendo tareas en diferentes oficinas: la Dirección General de Aduanas, la Aduana domiciliaria de la planta automotriz Ford, la División de Adiestramiento de Canes y Entrenamiento, y finalmente la seccional de la zona portuaria de Tigre, su último destino.

Tras agotar todos los recursos para revisar su condena, que impone una pena de cuatro años y ocho meses de prisión junto con la accesoria de inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, Echegaray recibió un rechazo definitivo.

La exoneración es la forma más severa de despido para un empleado con salario financiado por los contribuyentes. La medida se fundamentó en que Echegaray fue condenado por administración fraudulenta agravada y se le aplicó la inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones públicas, la misma sanción que Cristina Kirchner intenta revertir frente a la ONU para poder volver a competir electoralmente. El caso de Echegaray podría actuar como un espejo adverso para ella, pues ante la misma pena accesoria su exfuncionario fue exonerado.

¿Por qué, entonces, el caso de la expresidenta podría ser diferente? Clarín accedió al amparo presentado por la defensa de Echegaray, que no apeló a la ONU, sino que solicitó a un juzgado nacional que ARCA respete sus garantías procesales y postergue la decisión sobre su despido, asegurando que la resolución final dependerá de una eventual definición de la Corte Suprema. En el caso de Cristina Kirchner, el máximo tribunal ya ratificó la condena y la pena accesoria, prohibiéndole desempeñar funciones en la administración pública.

Fuentes judiciales informaron a este diario que ARCA se opondrá al amparo, pues considera que la condena de Echegaray está firme, tras haber agotado todas las instancias judiciales. En efecto, el 12 de mayo de 2026 la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa. Aunque Echegaray intentará que la Corte Suprema admita un recurso de queja extraordinario, desde ese tribunal indicaron que no intervienen en esos casos.

A diferencia de Cristina Kirchner, Echegaray no cuestiona la legalidad de la pena accesoria que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas, mientras que la expresidenta la niega y acusa a fiscales, jueces y organismos judiciales de buscar su proscripción política. En recientes escritos públicos y en redes sociales, Cristina sostiene que la exclusión perpetua es en realidad la pena principal, y que la privación de libertad es solo accesoria.

Además, nunca defendió públicamente a otros exfuncionarios condenados en la causa Vialidad Nacional, quienes también enfrentan la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos. Entre ellos se encuentra Amado Boudou. En cambio, Echegaray continúa litigando para evitar la exoneración, a pesar de que su paso fue de máxima autoridad en el organismo a desempeñarse en tareas menores, como en la división de entrenamiento de canes. Una fuente consultada recordó que Echegaray «nunca creyó que esto podía ocurrirle».

Las autoridades de ARCA justificaron la exoneración con una resolución de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), liderada por Sergio Rodríguez.

Quienes conocen el expediente resaltan la gravedad del caso: «Exonerar a Echegaray implica una medida de gran impacto. Igual que Cristina, no puede ocupar más cargos en el Estado».

Cristina Kirchner, por su parte, se defiende con los recursos que tiene para evitar perder lo que considera su poder, aunque la situación es muy diferente a la que tuvieron en su momento tanto ella como Echegaray, que antes eran intocables. Hoy sus destinos vuelven a cruzarse, aunque sea en el terreno jurídico y procesal.